Cuando los violentos hablan de paz, y los fraudulentos de legalidad y rectitud, quizás no sorprenda que los encargados de la "bioseguridad" en México llamen a experimentar con maíz transgénico en la propia cuna del maíz. Esto es lo que demanda Marco Antonio Meraz, secretario ejecutivo de la Comisión de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), que reconoció ante la prensa que hay "presiones de las empresas trasnacionales". Como según el funcionario los transgénicos son "inevitables", la solución, afirma, sería desarrollar semillas transgénicas propias. (Angélica Enciso, La Jornada 14/8/06).

Al parecer, para este doctor en biología molecular, la bioseguridad es un problema de nacionalidad, y si el maíz transgénico fuera manipulado en laboratorios mexicanos, las abejas y el viento se abstendrían de cruzar el polen transgénico con el maíz campesino y no se provocarían, por ejemplo, deformaciones como las que han encontrado los campesinos en el grano nativo de Oaxaca y otros estados, o no podrían provocar alergias, como las que se han comprobado en campesinos de Filipinas.

Seguramente Meraz conoce lo que implica desarrollar semillas transgénicas propias: Cinvestav, institución a la que él pertenece, ha trabajado desde 1991 en el desarrollo de papas transgénicas. Muy propias, sobre todo por los contratos para tal investigación que la institución firmó con Monsanto. El doctor Meraz tal vez no recordaba en el momento de la entrevista que las mismas cinco trasnacionales que controlan todos los transgénicos sembrados a nivel global, de los cuales Monsanto tiene 88%, también poseen las patentes sobre todos los procesos claves para hacerlos, en cualquier parte del mundo. Hasta ahí llega lo de "propias".

Leyendo su declaración sobre las presiones de la industria, es instructivo recordar que Meraz no se veía muy atribulado cuando representaba a México en la tercera Reunión del Protocolo Internacional de Bioseguridad (Curitiba, Brasil, marzo 2006). Allí trabó por varias horas el debate del plenario final, para asegurar que se diluyera la exigencia de un etiquetado que informara claramente si los embarques de granos que llegan de Estados Unidos a México contienen transgénicos. A la vista de delegados de todo el mundo, se vio claramente cómo Carlos Camacho, presidente de Agrobio México (asociación "civil sin fines de lucro" cuyos miembros son las trasnacionales de transgénicos Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow), le "explicaba" cual debía ser la posición de México en las negociaciones. O hubo muchísima presión o a Meraz no le molestó tanto, porque representó las posiciones de las trasnacionales terca y apasionadamente, pese a que hasta la presidenta de la sesión de este convenio de la Organización de Naciones Unidas trató de aliviarle la presión, pidiendo a México que retirara sus propuestas de última hora que revirtieron todo el debate anterior que hasta ese momento había concluído a favor de un etiquetado claro y obligatorio. En este contexto, "presiones" es una palabra algo sutil, pero sí, son evidentes.

Cinvestav, de dónde proviene el secretario, también fue -por mera coincidencia, seguramente, ¿o quizá por "presiones"?- anfitrión de la reunión donde participaron selectos miembros de la Cibiogem con las trasnacionales Monsanto y Dupont, para acordar lo que luego presentaron como Plan Maestro de Maíz, justificación científico-empresarial de la supuesta "necesidad" de experimentar con maíz transgénico en México. Experimentación que se realizaría con maíz "propio" y patentado de las empresas Monsanto, Dupont y Dow, pero disimulado al público como experiencias en los campos de instituciones públicas como Cinvestav e Inifap (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias). Con este marco, se aprobaron a fines del año pasado siete solicitudes de esas empresas para experimentar con maíz transgénico. Las aprobaciones están suspendidas por ahora, gracias a protestas de muchos y a los amparos interpuestos por Greenpeace, porque no cumplían ni siquiera con las exigencias mínimas de la Ley de Bioseguridad, más conocida como Ley Monsanto, que rige el trabajo del doctor Meraz. Siguen pendientes, y tal como declaró el secretario de la Cibiogem, existen presiones para que se retomen. Directamente de las empresas, o a través de agricultores industriales -y hasta de gobernadores- del norte del país, que pagan (o alguien se los paga) desplegados en los medios para pedir que se aprueben las solicitudes "en el marco del Plan Maestro de Maíz". Su pedido es ignorante (desconocen los pobres resultados de este maíz en Estados Unidos y que inclusive aumentará sus costos), pero sobre todo un insulto hacia más de 85% de los campesinos que verían sus semillas contaminadas.

¿Meras coincidencias? En todo caso, lazos demasiados estrechos de quiénes deberían velar por la bioseguridad del país, en lugar de conciliar intereses con quienes la ponen en riesgo. Hay mil razones que muestran que México no necesita transgénicos, mucho menos en maíz, donde constituye una amenaza contra uno de los acervos económicos y culturales más importantes del país. Con los transgénicos se arriesgan justamente las semillas que sí son definitivamente propias, creadas y cuidadas durante miles de años por indígenas y campesinos, donde además están las claves para seguir desarrollando las variedades que necesitamos, sin riesgos para la salud y el ambiente. Ellos son los verdaderos maestros del maíz, cuyas preocupaciones y conocimientos deberían ser oídos y priorizados, en lugar de seguir haciéndole el juego a las pocas empresas que van por el control monopólico de las semillas, en México y en el resto del mundo.

* Investigadora del Grupo ETC