Las desafortunadas declaraciones de Blanca G. Villarello, funcionaria de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), en el sentido de que son "sicológicas" las preocupaciones vertidas por representantes del sector agropecuario por la apertura total de los mercados de México y Estados Unidos en 2008, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han indignado a una parte importante de los productores del país, que ya anunciaron movilizaciones en todo el territorio para detener dicha apertura y demostrar el perjuicio que ha ocasionado al campo mexicano el acuerdo comercial.
Distintos dirigentes campesinos señalaron que "para la Sagarpa el TLCAN no significa ningún problema porque está fuera de la realidad. En este primer semestre el valor de las importaciones agroalimentarias se incrementó en 50 por ciento y los productores mexicanos son 2 millones menos que al inicio del acuerdo. La polarización social en el campo es creciente; la migración de la población rural llega a 300 mil personas por año en condiciones inhumanas; más de un mexicano muere cada día al tratar de cruzar a Estados Unidos, y esa realidad no la quiere reconocer la Sagarpa porque su único interés es servir a las corporaciones del sector agroalimentario".
El panorama del sector en tiempos del TLCAN es, ciertamente, desolador. Un buen ejemplo es el caso del maíz. De acuerdo con datos de diversas fuentes, este grano representa más de 60 por ciento de la producción agrícola nacional en términos de volumen y valor y ocupa alrededor de 62 por ciento de la superficie cultivada. Entre 2.5 y 3 millones de productores participan en su cultivo; unos 18 millones de personas dependen del maíz para su sustento. Al iniciarse el TLCAN, en 1994, el gobierno acordó el ingreso de 2.5 millones de toneladas métricas de maíz libre de aranceles. Estas importaciones se ampliarían a un interés compuesto de 3 por ciento anual hasta llegar a la liberalización total del mercado, en 2008. Sin embargo, desde el principio la cuota de importación fue rebasada. Así, millones de toneladas de este grano ingresaron al país sin cubrir arancel alguno y sin que el gobierno diera una explicación al respecto. Entre 1993 y 1999, las importaciones de maíz crecieron 3 mil por ciento al pasar de 152 mil toneladas a 5.4 millones de toneladas; en ese periodo se adquirieron en total 29 millones, de las cuales 12.9 millones estuvieron por encima de las cuotas de importación.
Esto generó una grave crisis entre los productores nacionales. Varios analistas han coincidido en señalar que la política agrícola y comercial desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1994 hasta la de Felipe Calderón -el ingreso de maíz y otros productos importados a precios dumping- ha obligado a los productores mexicanos a abandonar sus cultivos. Con esta política se enfrentó a los maiceros mexicanos, abandonados en la práctica por los ineficientes programas gubernamentales de apoyo, con los maiceros estadunidenses, uno de los sectores agrícolas con mayores subsidios en el mundo. De acuerdo con diversas organizaciones campesinas, los subsidios en Estados Unidos representan hasta 30 por ciento de los costos de producción, mientras en México a lo mucho llegan a 9 por ciento.
El estudio ¿Cuánta liberalización aguanta la agricultura? Impacto del TLC en la agricultura mexicana, elaborado para la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, señala que, al liberar de arancel las importaciones de maíz y de otros productos, como el frijol, el gobierno mexicano regaló 2 mil 140 millones de dólares a las trasnacionales importadoras y productoras de nuevos granos. El impacto ha sido también drástico sobre otros cultivos: a partir del TLC, la producción de trigo se redujo en casi un tercio y la superficie cultivada cayó 43 por ciento; la soya, que llegó a ocupar 500 mil hectáreas, ahora sólo es sembrada en 88 mil.
La apertura total podría significar el fin del campo mexicano. El propio Banco Mundial ha advertido que el sector agropecuario nacional no está en condiciones de competir en el mercado que se generará a raíz de la liberación de aranceles, debido a que a lo largo de 20 años ha sido objeto de políticas sin resultados positivos.
¿Qué se puede decir ante los datos anteriores? Sin más, ante las evidencias, urge modificar la política agropecuaria del país, así como impulsar una revisión a fondo del TLCAN, para proteger, levantar y fortalecer al campo mexicano.