En las últimas semanas se ha incrementado la presión para que se autorice la siembra de maíz transgénico en el norte del país. El secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), Carlos Salazar, por ejemplo, calificó de "pérdida de tiempo" esperar la reglamentación de la Ley de Bioseguridad, pues considera que se pierde la oportunidad de incrementar la productividad en el campo.

Hizo un llamado a la Sagarpa a iniciar las pruebas experimentales para la siembra de maíz genéticamente modificado, y así permitir a los productores ser competitivos ante la apertura total del TLCAN.

Si bien reconoció que el rezago productivo en nuestro país se debe a 25 años de políticas públicas erradas, aseguró que el maíz transgénico no ocasionará problemas, pues en Estados Unidos los productores lo han sembrado desde hace 15 años y, además de aumentar la productividad, podrá "eliminar miles de millones de litros de insecticidas". Otros consideran que no tener acceso a esa herramienta pone en desventaja a los agricultores mexicanos, pues la competencia con el país vecino será "muy dura e inequitativa".

Llama la atención que se reiteren estos argumentos cuando numerosos especialistas en biotecnología, biología molecular y agronomía han sostenido, con base en datos de la mayor seriedad, que el maíz transgénico comercializado hasta ahora no aumenta de manera significativa la productividad y en el contexto mexicano sí encierra riesgos importantes.

También es un hecho que con la siembra de estas semillas no disminuye ni el consumo de agua ni el uso de agroquímicos. Quizá se deba a que sus defensores han sido deslumbrados con falsas promesas, o tal vez a que tienen conflicto de intereses. Sólo así se explica que consideren pérdida de tiempo que tanto Sagarpa como Semarnat estén dispuestas a cumplir con las especificaciones de la Ley de Bioseguridad, en un tema tan delicado para la seguridad alimentaria de México y el mundo como es poner en riesgo los acervos de variabilidad genética más importantes del mundo para maíz.

A partir de datos concretos y comprobables, se puede afirmar que con tecnología mexicana de mejoramiento clásico, debidamente apoyada por el gobierno mexicano y en diálogo con los agricultores, se puede aumentar la productividad tanto del maíz que se siembra de manera extensiva e industrializada como de los maíces criollos que siembran los agricultores temporaleros indígenas y campesinos, que es la tercera parte del maíz que se siembra en tierra mexicana.

Recordemos que estas compañías de biotecnología se han encargado de encarecer los insumos para la agricultura y que, debido al uso de los agroquímicos que producen, se han incrementado en el Golfo de México las zonas en que ya no es posible la vida. Estos productos han ido agotando la tierra al forzarla a producir.

Por último, puede decirse con certeza que su fin no es colaborar con los agricultores, sino apoderarse de las semillas básicas para la alimentación, abriendo más la brecha entre ricos y pobres e impidiendo el desarrollo de tecnologías apropiadas y ecológicamente amigables a las necesidades de cada país, al privatizar el conocimiento mediante la imposición de semillas patentadas.

Se puede afirmar que si estas siembras se permiten ahora, dadas las limitaciones que desde el punto de vista biotecnológico tienen los maíces hasta ahora desarrollados, sus defensores habrán contribuido a contaminar los maíces criollos que son patrimonio de México y una aportación de nuestros antepasados que podría ser, si se apoya a los científicos nacionalistas y sin conflicto de intereses, una herramienta para un mejor desarrollo de la agricultura mexicana y para atender los problemas del hambre y las incertidumbres del clima y nuevas plagas en todo el orbe. Se dejaría además en la indefensión a millones de campesinos que quizá no al inicio, pero sí más adelante, serán demandados por robo de patentes, como ha ocurrido en otros países. Es importante no ocultar que cuando Monsanto habla de permitir la experimentación, no se trata de una experimentación científica formal, sino del paso previo a la siembra comercial.

¿No es motivo de reflexión que tantos mexicanos comprometidos de las más diversas ideologías y de los más distintos campos de acción, incluyendo decenas de científicos de alto nivel, se estén pronunciando por una moratoria en la siembra de maíz transgénico?

El maíz es nuestro alimento básico y, más allá de "romanticismos", es la clave para la mejor nutrición, calidad de vida y viabilidad económica de nuestro país, así como para enfrentar incertidumbres futuras. No estamos contra la ciencia, sino contra quienes la utilizan sólo en beneficio propio sin medir o considerar siquiera los grandes riesgos públicos de algunos de sus desarrollos.

Señores agricultores, no se dejen engañar. Es necesario conocer con profundidad los riesgos que conllevan las semillas transgénicas, antes de poner en juego nuestro patrimonio y nuestro futuro. Si quieren evitar una competencia desleal con Estados Unidos, impulsen la renegociación del TLC.

Invito a las organizaciones indígenas y de derechos humanos de nuestro país, así como a los ciudadanos en general, a pedir, con base en la Declaración de derechos de los pueblos indígenas, que el gobierno mexicano acaba de signar en la ONU, que se declare la moratoria definitiva a la siembra de maíz transgénico, pues ésta pone en riesgo la cultura, la salud, la alimentación y la economía de los pueblos indígenas, y de México mismo.