ALBACETE
Greenpeace, la certificadora Sohiscert, la Asociación de Operadores en Agricultura Ecológica de Albacete, la Asociación de Consumidores y Usuarios Ecológicos La Tierrallana y la empresa Panadería Rincón del Segura denunciaron hoy un nuevo caso de contaminación de un maíz ecológico por maíces transgénicos.

El maíz ecológico, proveniente de la finca Casa de la Balsa (término municipal de Albacete), se cultivó expresamente para abastecer a la empresa Panadería Rincón del Segura, ubicada en Villares (Albacete), que se dedica a la producción y compra de cereales para su transformación en harinas y elaboración de productos de panadería ecológica para su distribución a nivel nacional, indicó en nota de prensa Greenpeace.

"Este nuevo caso, que viene a sumarse a la larga lista de contaminaciones de los últimos años, es especialmente significativo dado que el término de Albacete ha sido declarado Zona Libre de Transgénicos", declaró Juan-Felipe Carrasco, responsable de la campaña contra los transgénicos de Greenpeace.

La contaminación del maíz ha sido detectada por la certificadora Sohiscert tras los análisis de las muestras recogidas en una de sus inspecciones periódicas en Rincón del Segura. Como consecuencia se ha retirado a la productora ecológica la certificación para el maíz contaminado y sus derivados, paralizando la distribución de estos productos y devolviéndolos al agricultor.

Desde la asociación destacaron que se ha analizado la semilla utilizada por el agricultor, no habiendo encontrado en ella contaminación alguna, por lo que es evidente que la contaminación llegó durante el cultivo.

Esta contaminación genera "graves" daños, indicaron, pues por una parte, el agricultor pierde el valor añadido de su cultivo por ser ecológico. Además, paga las diferentes analíticas efectuadas para intentar localizar el foco de contaminación, retira el maíz contaminado y vuelve a transportarlo y se enfrenta a la incertidumbre sobre futuras cosechas por posibles nuevas contaminaciones.

Las organizaciones firmantes solicitaron a los organismos públicos y a los responsables políticos de Agricultura y Medio Ambiente que realicen un estudio en profundidad de este caso para determinar responsabilidades y aplicar el criterio de "quien contamina paga".

"Ya es hora de que la administración regional y nacional aplique las normas de la UE, facilitando el acceso público a los datos de distribución y ubicación territorial de las siembras con material transgénico", afirmaron desde la asociación.

"En tanto en cuanto no se den las mínimas garantías para producir sin contaminación genética, es urgente una moratoria sobre estos peligrosos cultivos y una retirada de las más de 50 variedades de maíz transgénico autorizadas por el Gobierno actual".