En la ciudad de Santa Cruz, el 3 de junio del presente año, ante una masiva concentración de diversas organizaciones sociales representativas del país, el gobierno nacional emitió siete decretos supremos en materia agraria y entregó 26 títulos de propiedad agraria y 34 resoluciones finales de saneamiento por 3,1 millones de hectáreas, beneficiando de manera directa a 35.295 familias indígenas y campesinas de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Potosí.

Con estos hechos el presidente de la república, Evo Morales, dio inicio a su política denominada “Revolución Agraria”. Además, el gobierno anunció que, en un plazo no mayor a nueve meses dotará, otras 4,7 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles a indígenas y campesinos sin tierra y que estas medidas serán acompañadas con la ejecución de programas integrales de inversión productiva.

Los anteriores gobiernos, en nueve años de vigencia de la Ley 1715 y pese haber gastado cerca de 100 millones dólares americanos, sólo titularon el 18% de 107,47 millones de hectáreas de tierra bajo objeto de saneamiento en el país, el 30% estaba en proceso y el restante 52% sin sanear. Por otro lado, de 18 millones de hectáreas de tierra demandadas por los pueblos indígenas de tierras bajas, sólo titularon 4,8 millones de hectáreas, y se han redistribuido cerca de 50 mil hectáreas de tierras fiscales a familias campesinas y de colonizadores en todo el territorio nacional.

Como resultado de un análisis detallado de las siete disposiciones legales emitidas, de manera general se puede afirmar que están orientadas a solucionar problemas de vieja data que venía soportando la institucionalidad agraria como ser: la falta de priorización del tema agrario en la agenda de los gobiernos, la excesiva lentitud en el proceso de saneamiento y titulación de tierras, la falta de transparencia en el proceso de saneamiento de tierras, la falta de voluntad política de las autoridades públicas para aplicar con celeridad la Ley 1715, las distorsiones reglamentarias y administrativas en materia agraria, entre otras.

En definitiva, las medidas adoptadas apuntan a destrabar el proceso de regularización de la propiedad agraria y distribuir de manera planificada las tierras fiscales a indígenas y campesinos sin tierra, y así disminuir la fuerte presión por el acceso a la tierra y garantizar la seguridad jurídica al derecho de propiedad agraria.

Las organizaciones indígenas y campesinas recibieron con mucha satisfacción estas medidas y anuncios del gobierno nacional, porque en gran medida son respuestas concretas a sus viejas demandas relativas al acceso equitativo a la tierra.

Por su parte, los gremios cívicos –empresariales del oriente boliviano, anunciaron que realizarán un exhaustivo análisis de dichas normas y que no descartan en recurrir a los todos los medios legales y sociales para revertir dichas disposiciones.

Finalmente, es importante mencionar que la emisión de estos siete decretos supremos y la propuesta de modificación parcial a la Ley agraria 1715, son una buena base para iniciar el relanzamiento del proceso agrario y establecer escenarios de diálogo intercultural en el ámbito regional y nacional sobre políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural sostenible.

Eulogio Núñez Aramayo es agrónomo en CIPCA Santa Cruz. CipcaNotas, Boletín Virtual No 157, Año 5. Junio de 2006. www.cipca.org.bo

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