La jornada

10 de febrero de 2006

Víctor Quintana S.

La hora de la agricultura nacional

Si no es ahora, ¿cuándo? Hoy que arrancan las campañas presidenciales es la
hora de que la agricultura nacional exija el espacio al que tiene derecho y
que se le ha negado en los últimos cuatro sexenios. Es el momento de
plantear a candidatos y partidos el rescate impostergable de la agricultura
nacional. El punto de partida es muy claro: México tiene la capacidad para
producir alimentos suficientes, sanos, de calidad y de acuerdo con nuestras
tradiciones para toda nuestra población. Y puede hacerlo con nuestras
campesinas y nuestros campesinos y con nuestras propias semillas. La
agricultura mexicana puede ser una actividad que deje de expulsar mano de
obra y puede producir empleos dignos en nuestra propia tierra.

Para esto se requiere una política de Estado hacia la agricultura que rompa
las políticas de subordinación comercial y de concentración productiva que
han predominado desde 1982. Dicha política debería girar, cuando menos en
torno a seis ejes:

Renegociación del TLCAN en materia agropecuaria. Antes que entre en vigor
el 1º de enero de 2008 la última fase del tratado y se libere totalmente la
entrada de maíz, frijol, azúcar de caña y leche en polvo a nuestro país,
debe montarse todo un aparato de derecho internacional y de diplomacia que
permita que los granos básicos no se liberen en el marco de este acuerdo
comercial. Al mismo tiempo, la política de comercio exterior en el ramo
agroalimentario debe privilegiar la soberanía alimentaria de nuestro país,
es decir, la capacidad de ser selectivo ante las exportaciones de otros
países, por sobre el acceso a mercados internacionales.

Programa multianual de auténtico fomento a la agricultura nacional: En
Estados Unidos hace ya casi un año se viene informando y discutiendo sobre
la Farm Bill o Ley Agrícola de 2007, que tendrá vigencia de cinco años y
orientará la política agroalimentaria de ese país. Mientras tanto, en
México estamos restringidos a presupuestos y planes anuales con rígidas
reglas de operación y subejercicios continuos de las dependencias. Por esto
es necesario que se aprueben las reformas correspondientes que permitan
planificar nuestra agricultura a mediano plazo, que den certidumbre en sus
decisiones de inversión a nuestros agricultores y que se elaboren con la
participación de ellos.

Inversión y gasto públicos dirigidos prioritariamente a la agricultura
campesina: Los recursos que se inviertan o gasten no deben concentrarse,
como hasta hoy, en unos cuantos gigantes agroalimentarios, muchos de ellos
trasnacionales, sino que debe privilegiarse la inversión en los campesinos,
en los pequeños y medianos agricultores, los más afectados por las
políticas hasta hoy vigentes. Los recursos deben dirigirse a
recapitalizarlos, a apoyarlos en la innovación y desarrollo tecnológicos,
en la organización para que controlen las cadenas productivas. Con
inversión, tecnología y créditos hasta el minifundio puede hacerse
altamente productivo.

Desarrollo biotecnológico nacional y política de bioseguridad: Hay una
sólida base nacional de investigación agroalimentaria. Nuestros
investigadores e investigadoras han avanzado enormemente en el desarrollo
de semillas híbridas, adaptadas a nuestras diferentes condiciones
geográficas y climáticas. Contamos además con un riquísimo patrimonio
genético. No necesitamos de los transgénicos para incrementar nuestra
productividad. Si el gobierno abate el rezago generado en los últimos 23
años en investigación y en extensionismo agrícolas, no dependeremos de
monsantos o singentas para aumentar nuestra producción de alimentos o de
materias primas, y preservaremos nuestra riquísima biodiversidad.

Políticas e inversiones para uso sustentable y soberano del agua. El agua
ni se puede entregar a manos privadas ni puede seguirse desperdiciando con
técnicas atrasadas de riego. Son necesarias reformas jurídicas que aseguren
mayor dominio de la nación sobre los recursos hídricos; debe revisarse a
profundidad el concepto libre alumbramiento y partir de que el agua es un
bien público a la vez que un derecho colectivo. También son necesarias
fuertes inversiones para la tecnificación del riego en todas sus formas
para lograr un aprovechamiento más racional y sustentable del recurso. Debe
también convertirse en leyes, en políticas y en presupuestos el principio
de que el agua es un servicio ambiental que hay que pagar a quienes la
producen: los indígenas y los campesinos.

Política agraria que privilegie los derechos de los pueblos indios y de las
comunidades campesinas: En los programas y en los presupuestos las
dependencias del sector agrario están en vías de extinción y se centran
casi exclusivamente en los focos rojos. La Secretaría de la Reforma
Agraria, la procuraduría y los tribunales agrarios deben superar los
burocratismos y convertirse en instrumentos ágiles y eficaces para hacer
respetar los derechos de los pueblos indios y las comunidades campesinas a
sus territorios y a sus recursos naturales. Más todavía: deben apoyar los
esfuerzos de estos actores agrarios para fortalecer el dominio comunitario
y el manejo productivo y sustentable de los mismos.