Lunes 22 de agosto de 2005

Iván Restrepo

Un crimen orquestado por trasnacionales químicas

Con razón hace siete años la llamé La brisa de la muerte debido a los
enormes daños que causan dos compuestos químicos en las plantaciones
bananeras de Centroamérica: el nemagón (también conocido como DBCP) y el
fumazone. Miles de campesinos esparcían sin protección ni control alguno
los químicos elaborados y distribuidos por Dow Chemical, Occidental
Chemical Corporation y Shell Oil Company que las compañías Castle, Chiquita
Brands, Dole Food Company Inc y Standard Fruit Company aplicaban en sus
plantaciones.

Nemagón y fumazone fueron utilizados a sabiendas de que causaban
esterilidad, ceguera y cáncer en los seres humanos, así como trastornos en
el sistema nervioso, pérdida del cabello, quemaduras de la piel, impotencia
sexual y malformaciones genéticas en los recién nacidos. Además de que sus
efectos pueden pasar de una generación a otra. Las compañías estadunidenses
que fabricaban y vendían estos compuestos conocían desde hace medio siglo
todos estos efectos, al grado que el gobierno de Estados Unidos prohibió
usarlos localmente. Pero no hizo absolutamente nada para retirarlos del
mercado y de los campos de cultivo de México, Centroamérica, Ecuador y
Filipinas, por ejemplo. En el colmo, las trasnacionales químicas y las
bananeras acordaban estrategias conjuntas para enfrentar las posibles
demandas de los afectados bajo una criminal lógica empresarial: si el
negocio deja dinero vale la pena, aunque sea necesario sacrificar parte de
la ganancia en indemnizar a unos cuantos afectados, a aquellos que logren
vencer en los tribunales el poder financiero de las trasnacionales.

Y eso fue lo que hicieron en Honduras, Costa Rica y Nicaragua, donde
dejaron a 30 mil trabajadores con problemas de salud de todo tipo. En los
dos primeros países, la lucha por lograr la indemnización mínima para los
afectados lleva años y costó la vida del líder hondureño Medardo Varela y
la de su hijo Wilmer. Nadie duda que los sicarios que los asesinaron los
pagaron las bananeras.

El nemagón y el fumazone reinaron en los campos bananeros de Nicaragua
durante treinta años (los de la dictadura de Somoza y los primeros del
gobierno revolucionario). Según cálculos muy conservadores, causaron la
muerte de 60 personas cada año y dejaron a cientos más con graves
padecimientos. Luego de muchos años de lucha legal contra la indolencia
oficial, judicial y legislativa, una juez con sede en Chinandega acaba de
dictar condena contra las agroquímicas productoras de los terribles
compuestos y las compañías bananeras. Murieron, se enfermaron, quedaron
estériles y con secuencias sicológicas, anota la reportera Valeria Imhof de
El Nuevo Diario, al informar de la sentencia. Ahora las trasnacionales
tendrán que pagar 97 millones de dólares a 150 ex trabajadores afectados
por las sustancias mencionadas en la década de los setenta. La juez que
aplicó la ley se llama Socorro Toruño Martínez y no sucumbió, como muchos
otros funcionarios, al poder del dinero.

En la sentencia se detallan, con pleno respaldo médico, los padecimientos
de cada uno de los 150 trabajadores, que por concepto de indemnización
deberán recibir de las trasnacionales entre 200 mil y un millón 200 mil
dólares cada uno. Otros 51 demandantes presentaron pruebas "deficientes",
dijo el doctor Jacinto Obregón, director del equipo de abogados
nicaragüenses que llevó el juicio.

Es importante mencionar que en el juicio se probó el dolo, la negligencia y
la irresponsabilidad de las trasnacionales, que siempre supieron que
estaban comercializando y aplicando un producto que causaba graves daños a
los seres humanos. Fue un genocidio planificado, afirma el doctor Orlando
Cardozo. El juicio se inició en 2001 en Chinandega, y la firma de abogados
estadunidense Provost Umphrey invirtió 3 millones de dólares en la
tramitación del mismo. Ahora procede que se ejecute la sentencia en Estados
Unidos, sede de las trasnacionales.

Hay que celebrar esta buena nueva. Pero también no olvidar que hay 4 mil ex
trabajadores nicaragüenses y miles más en Centroamérica que todavía esperan
que se les haga justicia. Por algo se comienza.